Gerardo OlveraEl gobierno de Claudia Sheinbaum decidió no abrir la puerta a una reforma fiscal tradicional en 2027, pero sí a una estrategia mucho más quirúrgica: cobrar más a quienes ya deberían estar pagando y cerrar los espacios utilizados para reducir artificialmente los impuestos.
El Paquete Económico 2027 plantea elevar la recaudación tributaria hasta 15.9% del PIB y obtener alrededor de 6.2 billones de pesos por esta vía. La apuesta está en fiscalizar más, restringir deducciones y pérdidas fiscales, combatir las factureras y hacer trazable el mercado de combustibles.
La estrategia tiene, sin embargo, varios efectos que tocarán directamente a gobiernos locales, empresas y viajeros internacionales.
Una de las modificaciones menos visibles del paquete tendrá impacto en los municipios de 14 entidades que participaron en el programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera.
El esquema permitió que los recursos obtenidos por la regularización fueran destinados a obras de pavimentación. Desde su creación, el programa generó miles de millones de pesos para infraestructura municipal; la propia Secretaría de Hacienda reportó que hasta noviembre de 2025 se habían regularizado casi tres millones de vehículos y generado 7 mil 302 millones de pesos para obras de repavimentación.
Pero la bolsa extraordinaria se acaba.
El decreto vigente estableció como fecha de conclusión el 30 de septiembre de 2026, y la iniciativa de Ley de Ingresos para 2027 ya no contempla la disposición que permitía entregar a los municipios esos recursos.
En otras palabras: los ayuntamientos que durante años recibieron dinero adicional para tapar baches y pavimentar calles tendrán que dejar de contar con esa fuente extraordinaria.
Los estados involucrados son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.
Los recursos que todavía estén pendientes de ejercer durante 2026 deberán sujetarse a las reglas establecidas por Hacienda y, en los casos previstos, regresar a la Tesorería de la Federación.
Mientras los municipios pierden una bolsa extraordinaria, Hacienda pretende encontrar dinero en otro sitio: la evasión fiscal.
El SAT informó que, entre octubre de 2024 y agosto de 2026, fueron publicadas más de 3 mil empresas factureras en el Diario Oficial de la Federación y se bloquearon más de 38 mil empresas vinculadas con operaciones ficticias.
Además, se realizaron casi 2 mil auditorías a personas que compraron este tipo de comprobantes.
La autoridad detectó que algunas empresas que reportan pérdidas fiscales o pagan poco ISR recurren a facturas presuntamente falsas para inflar sus gastos y reducir su base gravable.
La ofensiva también alcanzará a quienes utilizan reiteradamente las pérdidas fiscales para disminuir sus contribuciones.
El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, calcula que las modificaciones a la Ley del ISR podrían aportar hasta 140 mil millones de pesos adicionales a los ingresos tributarios en 2027.
La propuesta contempla nuevas restricciones a deducciones y pérdidas fiscales, particularmente para grandes contribuyentes. De acuerdo con un análisis de PwC sobre la iniciativa, uno de los cambios planteados establece un nuevo régimen de limitación para personas morales con ingresos superiores a 50 millones de pesos.
La lógica de Hacienda es sencilla: antes de crear nuevos impuestos, busca que quienes ya están obligados a pagar no puedan reducir artificialmente su carga fiscal mediante deducciones, pérdidas o facturación simulada.
El gobierno estima que los ingresos tributarios llegarán a 15.9% del PIB en 2027, un nivel que Hacienda presenta como histórico.
La ofensiva recaudatoria también llegará a las gasolinas.
A partir de 2027, los comercializadores de combustibles tendrán nuevas obligaciones para reportar directamente al SAT el IEPS correspondiente, dentro de un esquema de trazabilidad que busca seguir el producto desde su importación o producción hasta la estación de servicio.
La intención es impedir que existan diferencias inexplicables entre lo que una empresa compra y lo que vende.
El gobierno pretende utilizar esta trazabilidad para cerrar uno de los grandes agujeros de la recaudación: el llamado huachicol fiscal, que permite introducir o comercializar combustibles sin pagar correctamente los impuestos correspondientes.
El paquete incluye otro aumento que no se presenta como un nuevo impuesto, pero que sí tendrá un efecto directo en el bolsillo de quienes visiten México.
El Derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas —DNR— pasaría de 983 a mil 334.80 pesos, un incremento de aproximadamente 35%.
La propuesta argumenta que el aumento permitirá cubrir mayores costos operativos del Instituto Nacional de Migración, incluidos sistemas biométricos, videovigilancia, ciberseguridad y servidores.
Pero el sector turístico cuestiona la medida.
La inconformidad tiene que ver no sólo con el aumento, sino con el destino del dinero. La propuesta establece una distribución en la que una parte irá al INM, otra a la Secretaría de la Defensa Nacional y otra a la Tesorería de la Federación.
El argumento de los empresarios turísticos es que un derecho que históricamente estuvo vinculado con la promoción turística de México debería seguir financiando precisamente esa actividad.
El mensaje de Hacienda es que México puede recaudar más sin aumentar de manera generalizada los impuestos.
La estrategia consiste en ampliar la base de contribuyentes, cerrar espacios de evasión, limitar mecanismos para reducir artificialmente el ISR, perseguir factureras y vigilar el mercado de combustibles.
Pero el costo de esa estrategia también comienza a verse: los municipios dejarán atrás una fuente extraordinaria de recursos para infraestructura, las empresas enfrentarán mayores controles sobre deducciones y pérdidas, y los turistas internacionales pagarán más por ingresar al país.
El Paquete Económico 2027 todavía debe pasar por el Congreso. Por ahora, la señal de Hacienda es clara: no habrá una gran reforma fiscal, pero sí una fiscalización mucho más agresiva.
